Amalia Pando pide protección a la CIDH por amenazas del Gobierno

La Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia convocará en los siguientes días a un ampliado de emergencia ante el hostigamiento constante del Gobierno.

La periodista Amalia Pando solicitó protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las amenazas del Gobierno de procesar y encarcelar a quienes conforman la denominada “mafia  mediática-política” que empleó el caso de Gabriela Zapata para desprestigiar al presidente Evo Morales.
“Hoy quiero decirles que he pedido protección a la CIDH que depende de la OEA, he pedido protección en mi labor periodística; he pedido protección no sé si me la den, no sé si me la concedan, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del Gobierno de procesarnos y meternos presos”, anunció  en su programa Cabildeo.
El  miércoles el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió a opositores, abogados y medios de comunicación, integrantes de lo que denominó la “mafia mediática-política”, que no habrá perdón y que irán a la cárcel por conspirar contra el presidente Evo Morales a través del caso que involucra a Gabriela Zapata.
Las amenazas gubernamentales a los trabajadores de los medios de comunicación no son recientes. En mayo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a Página Siete, ERBOL, El Deber y la agencia ANF de formar parte de un “cártel de la mentira” y también mencionó a los periodistas Andrés Gómez y Amalia Pando.
  Para Pando, “el Gobierno considera que cualquier investigación sobre esta materia es un delito, porque para el Gobierno la libertad de expresión es un delito; cualquier cosa que afecte la imagen del Presidente, del Gobierno, encontrar un acto de corrupción, es un delito”.
La pasada semana se conoció que el juez Primero de Sentencia, Gonzalo Yépez Portugal, pidió a seis medios de comunicación radiales, televisivos y de prensa escrita, entre ellos Página Siete, entregar las notas publicadas el 18 de mayo respecto a la entrevista que se hizo a Zapata en el programa radial Cabildeo.
Además, solicitó los nombres y apellidos de los periodistas que redactaron estas notas en clara sintonía con la amenaza realizada por el Vicepresidente.
Esta acción fue condenada por varios gremios de periodistas, analistas e incluso asambleístas del MAS, tal es el caso del presidente del Senado, Alberto Gonzales, quien dijo que mandaría una copia de la Ley de Imprenta al juez Yépez.
El Vicepresidente dio un paso atrás y dijo que no amenazó a los periodistas, sino a los dueños de los medios de comunicación.
“No estoy atacando a ningún periodista, estoy atacando al dueño, ¿el señor Garáfulic es periodista? No es periodista, es un dueño, ellos definen, definen un tipo de titular; el director de ANF  puede ser periodista o no, ellos son los que definen un tipo de titular, un tipo de enfoque, ahí va mi crítica”, afirmó ayer en una conferencia de prensa.
Para el Gobierno, la “mafia mediática-política” hizo un ataque despiadado y abusivo contra Morales, como “nunca había pasado en la historia de Bolivia”.
Ampliado de emergencia
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, rechazó todo tipo de hostigamiento contra sus afiliados y anunció que los próximos días se convocará a un ampliado de emergencia.
   “En los próximos días analizaremos, en un ampliado  nacional,  las acciones y estrategias de una defensa férrea a la nuestra libertad de expresión”, afirmó.
 El dirigente recordó que Pando no es la única que recibe amenazas, sino la mayoría del gremio, especialmente los periodistas de calle. “Las amenazas en los municipios es de igual magnitud, nos defenderemos”, dijo.
PUNTO DE VISTA

Gobierno instiga a la violencia

Andrés Gómez Vela
Periodista
La decisión de la periodista Amalia Pando de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  refleja la desconfianza  de la sociedad en los tribunales de justicia. Si habría Estado en Bolivia,  Pando se hubiera acercado al Ministerio Público y lógicamente habría denunciado  el caso, pero no lo hizo.
El ataque que sufre ella, al igual que otros medios de comunicación radiales, audiovisuales y de prensa escrita, busca evitar que ejerza el periodismo en libertad y sin ninguna amenaza. El Estado debe garantizar sus derechos para preservar la pluralidad y diversidad que toda democracia requiere.
Un periodista bajo ese tipo de  amenaza se autocensura y en esa condición viola el derecho a la información en su dimensión social porque se inhibe de hacer fluir diversidad de fuentes y pluralismo.
La libertad de expresión es un derecho humano reconocido en normas bolivianas y legislativa internacional y una condición para la existencia de la democracia.
El hecho de que el Gobierno la señale como parte del “cártel de la mentira” es un instigación a la violencia que pone en riesgo su integridad física.
Cualquier miembro del Gobierno tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de criticar el trabajo de los periodistas. Pero otra cosa es instigar a la violencia calificándolos de “cártel”.

Redaccion: 60Segundos.net

Fuente: paginasiete.bo